Por Virginia Giacosa
"Vamos a ver qué hacen cuando nos maten a todas en una esquina", disparó Alejandra de unos 50 años en los pasillos del primer piso de Tribunales donde puertas adentro del Juzgado de Instrucción a cargo de la Alejandra Rodenas prestaba declaración Juan Cabrera, más conocido como el Indio Blanco, dueño del cabaret La Rosa.
Más de una docena de mujeres entre camareras, alternadoras y trabajadoras sexuales se agolparon para brindar su apoyo al dueño del local y para reclamar por su fuente de trabajo.
El nombre de Cabrera empezó a sonar allá por 2003 cuando La Rosa Sexy Bar abrió sus puertas en la zona de la terminal de ómnibus de Rosario. Por esos años, el local nocturno que se promocionaba en diarios de la ciudad y hasta sitios web del municipio por "tener a las mejores chicas de la ciudad" ofrecía sexo explícito en sus shows y hasta tenía en su interior los boxes para mantener relaciones sexuales pagas. Cosa que tuvo que modificarse a partir de una ordenanza municipal sancionada en 2010 cuando el local se mudó a la zona de Pichincha, barrio conocido por su larga historia prostibularia. Sin embargo, a lo largo de estos 10 años el perfil bajo de Cabrera, mal llamado "empresario de la noche" fue creciendo tanto como sus vínculos con funcionarios municipales y como su propio patrimonio. Son muchos los que aseguran que hoy es millonario y tanto él como su esposa se pasen por la ciudad a bordo de autos de alta gama.
Ahora, las chicas que antes trabajaban en La Rosa –con calefacción, refrigeración, agua caliente, protegidas, entre otras condiciones que ellas resaltan fuertemente como grandes beneficios– dicen que "en la calle las van a matar". ¿Quién las mataría? Para Susana Chiarotti ni más ni menos que "la policía que deja de cobrar las coimas y hasta los proxenetas que dejan de cobrar su comisión".
"Es una gran mentira que las chicas están protegidas ahí dentro. Si el cliente es un sádico, si la golpea, nadie está del otro lado de la puerta o con la oreja pegada a ver qué sucede dentro de un cuarto. Entonces, la protección es algo creado y el peligro también es algo armado, ambos por la misma red de explotación", explica la especialista en género y abunda: "Las obligan a sentirse en peligro y no es casual el crimen de Sandra Cabrera ejecutado por la misma red de complicidad".
La prostitución como trabajo
El Concejo se debate un proyecto de la concejala María Eugenia Schmuck que prevé prohibir a las whiskerías y cabarets, iniciativa que despertó posturas encontradas, aunque en otras ciudades del país ya es una medida puesta en práctica. La directora de la oficina de Derechos Humanos municipal, Gabriela Sosa, se opone a la propuesta porque supone "no es una solución de fondo" al problema. En una misma línea se encuentran las pocas chicas rosarinas agrupadas en la Asociación de Meretrices de Argentina, entidad que quedó practicamente desmantelada en la ciudad tras el asesinato de Sandra Cabrera en 2004.
En contraposición a las posturas abolicionistas, Ammar pide separar lo que llaman “trabajo sexual” de la trata de personas y el proxenetismo. Reclaman un registro de habilitaciones y carnet profesional.
La clandestinidad es el caldo de cultivo para que existan proxenetas, tratantes de personas y explotadores sexuales de niños y niñas. Así lo entiende Norma, una mujer de 40 años, que trabaja en la zona de la terminal de ómnibus. "La policía sigue presionando, aunque muchas cosas hayan cambiado luego de la muerte de Sandra Cabrera en 2004 y muchas de esas presiones tienen que ver con la influencia de los propietarios de whiskerías que están cerca de nuestra parada", contó.
En tanto, elevaron un proyecto a nivel nacional que apunta a crear cooperativas de trabajadoras sexuales. Para la legisladora Alicia Gutierrez la medida es bastante endeble ya que considera que aún los "privados" más chicos funcionan con la figura de un regenteador detrás y que es muy difícil para las mujeres montar un departamento y administrarlo solas.
En opinión de Chiarotti, son sólo las prostitutas las que pueden llamar al oficio trabajo sexual. "Porque ellas son las que lo hacen, lo que no puede decir de ninguna manera el Estado. Las escuché decir que tenían franco y que eran respetadas en sus horarios de trabajo en La Rosa. Es escandaloso e incoherente que el Estado acepte eso", denunció.
Entre otras contradiciones que marcó la especialista en género, se destacan que "mientras las chicas ganan entre 15 y 20 mil pesos en el trabajo sexual desde el municipio les ofrecen talleres anticuados para aprender bordado y costura por una suma de 700 pesos". "No juzgo a las mujeres, son víctimas de un sistema perverso, que te dice cuánto y qué tenes que tener para vivir", conluyó.
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